Entrevista Nueva Prensa

Amnistía Internacional insta al Estado a suscribir Protocolo sobre Armas Ligeras de la ONU
Escrito por Cruz Cedeño - Foto Cruz Cedeño
martes, 11 de mayo de 2010
De acuerdo a los voceros, en el país existen más de 11 millones de armas de fuego en la calle, sobre las cuales no se mantiene ningún control, al tiempo que el 40% de los 5 millones 850 mil beneficiarios del porte de armas no poseen el arma de reglamento, elementos que incrementan aún más los niveles de violencia en las calles

Más de 300 muertes durante los fines de semana en todo el país, uso indiscriminado de armas de fuego por parte de jóvenes y adolescentes en las principales barriadas de la ciudad, así como la carencia de un número exacto de armas en manos de los civiles, son sólo algunos de los temas que autoridades de la organización Amnistía Internacional buscan resolver de la mano del Gobierno Nacional a través de la adhesión de Venezuela al Protocolo sobre Armas Ligeras de la Organización de Naciones Unidas.
La propuesta del organismo se sustenta en el marco de la conmemoración de la semana internacional Contra la Violencia Armada, que busca reducir en el mundo entero el uso de armas de fuego por parte de civiles, con el fin de erradicar la violencia de las calles.

Jackelin Fernández, coordinadora del instituto Red Bolívar y representante de Amnistía, destacó que el proyecto busca alentar al Gobierno Nacional sobre la necesidad que existe de combate al tráfico ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos.

“Se estima que para disponer de servicios sociales básicos para todo el planeta son necesarios uno 40 mil millones de dólares al año durante 10 años, unos 400 mil millones de dólares, menos de la mitad de lo que se dedica a gastos militares en el mundo en sólo un año, elemento del cual no escapa Venezuela”, precisó.

Necesidad imperiosa

Fernández indicó que la medida busca instar al Estado sobre la necesidad de crear políticas públicas dirigidas a reducir la violencia armada en las comunidades que permitan reducir las muertes violentas en las comunidades, así como el tráfico de armas.

“El hecho que existan armas de fuego en manos de niños y adolescentes, algunos de los cuales las ingresan a los colegios, nos evidencian que no se realizan los controles necesarios por parte del Estado para evitar su tráfico, elemento que nos motiva a impulsar este tipo de acciones desde nuestro rol protagónico como ciudadanía”, señaló.

La representante de Amnistía Internacional informó que de manera paralela, la organización impulsa la creación de un tratado sobre comercio de armas por parte de la Organización de Naciones Unidas.

En tal sentido, Fernández elogió la reciente aprobación de la Ley Desarme por parte de la Asamblea Nacional; sin embargo criticó la falta de información por parte del Gobierno Nacional sobre la materia, así como algunos artículos del presente estamento legal que crean vacíos jurídicos.

“Existen ciertas normas contempladas en la ley con las cuales no estamos de acuerdo como el fin último que se le dará a las armas recuperadas, es decir, no estamos de acuerdo con que estas armas una vez recuperadas se conviertan en parte del parque de armamento de los cuerpos políciales, ya que consideramos que deben ser destruidas y que la ciudadanía ejerza la verdadera contraloría social en la destrucción de estas armas”, acotó.

Acciones a seguir

Al ser consultada sobre la participación del organismo en la elaboración de la Ley Desarme, la representante de Amnistía Internacional en la entidad fue enfática al manifestar que más allá de una participación directa, la institución siempre presenta sugerencias y propuestas en materia de derechos humanos de la mano de la ciudadanía.

“Es por ello que siempre nuestros proyectos van vinculados a las comunidades, porque al final las leyes simepre van dirigidas a la sociedad, por lo que somos nostros los encargados de hacerlas cumplir y velar que sean cumplidas por los organismos públicos”, aseveró.

Fernández reveló que sólo a través de estas acciones se puede revertir el falso concepto de que han de ser las instituciones del Estado las encargadas de imponernos las normas, cuando en realidad somos los ciudadanos los que debemos velar para que estas cumplan las normas.

Para ello la representante de Amnistía Internacional anunció la recolección de firmas en la sede de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, así como en otros centros de educación superior de la entidad, con el fin de solicitarle de manera activa al Estado venezolano la adhesión al Protocolo sobre Armas Ligeras de la ONU.

En cuanto a la promoción de un Tratado sobre Comercio de Armas de la ONU, Fernández explicó que ya varios países han evidenciado una serie de cartas al Consejo de Seguridad del organismo hemisférico para solicitar su aprobación.

Incongruencias revolucionarias

Por su parte Leonardo Prieto, vocero de Redes por la Vida, manifestó que ante el actual panorama político que vive el país, el manejo de las armas y su control por parte del Estado se ha vuelto para los ciudadanos un tema de suma importancia.

“Mientras el Poder Legislativo crea leyes para desarmar a la población y evitar la violencia de los jóvenes y adolescentes a través de la Ley Desarme y la Ley para la Prohibición de Vídeos, Juegos y Juguetes Bélicos, vemos cómo el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Defensa arma a la población mediante la conformación de las milicias y la asignación de armas a grupos afectos al oficialismo”, aseguró.

Prieto acotó que en la mayoría de los casos estas armas se pierden, dificultando aún más el control de las armas de fuego en la población civil y conllevando consigo al incremento de la espiral de violencia que se vive en las calles de Venezuela.

“En el país existen de acuerdo a cifras extraoficiales más de 11 millones de armas de fuego en la calle, sobre las cuales no se mantiene ningún control, de hecho, más del 40% de los 5 millones 850 mil beneficiarios del porte de armas no poseen el arma de reglamento, elementos que complican aún más la violencia en las calles”, recalcó.

El vocero de Redes por la Vida subrayó que las principales víctimas de esta violencia son los hombres menores de 35 años de edad, quienes perecen de acuerdo a los informes policiales a consecuencia de heridas provocadas por armas de fuego.

“Desde Redes por la Vida estamos proponiendo una nueva Ley Desarme que aglutine lo mejor del estamento aprobado por la Asamblea Nacional, como la participación de los Consejos Comunales en las políticas de desarme y que contengan la eliminación por completo del uso de armas de fuego en manos de la sociedad civil, así como la destrucción de las armas incautadas”, puntualizó.

En tal sentido, Prieto propuso un cambio de actitud entre los ciudadanos, con el fin de tomar en cuenta la función del policía y viceversa, con el objetivo de elevar la credibilidad de la institución entre los venezolanos.

“No puede ser que la nueva Ley Desarme aprobada por la AN justifique la existencia de un porte de arma de fuego por ciudadano, así como la utilización de 50 cartuchos anualmente, ya que no resuelve el problema desde la raíz”, finalizó.

Actividades programáticas

Jackelin Fernández, coordinadora del instituto Red Bolívar y representante de Amnistía Internacional, informó que en el marco de la semana la organización tiene previsto realizar dos talleres informativos sobre la violencia y sus consecuencias, el primero de ellos en la Escuela Técnica Industrial Simón Rodríguez, este miércoles 12 de mayo, y el segundo en los espacios de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho el día viernes 14 de mayo.

“Durante la actividad del viernes contaremos con el respaldo de los funcionarios de Patrulleros de Caroní, que nos explicarán cuáles deberían ser las directrices para el control del tráfico de armas en la población civil, así como su formación en el uso de esas armas”, afirmó.